Desde que se iniciara en 2006 el proceso de revisión de los estatutos de autonomía, Andalucía ha sido testigo de un intenso debate sobre su autogobierno. A pesar de los esfuerzos por alcanzar un nivel de autogobierno similar al de Cataluña, la comunidad aún no ha podido avanzar en un tema crucial: la gestión de su red ferroviaria. Mientras Cataluña ha dado pasos firmes, Andalucía permanece estancada en un proceso que parecía prometer nuevas oportunidades de desarrollo regional.
La reciente reactivación de la comisión mixta de transferencias en Cataluña, que intenta avanzar en la cesión de la primera línea de Rodalíes entre Barcelona y Girona, ha puesto de relieve las diferencias en la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus propias infraestructuras. En contraste, Andalucía ha visto cómo sus iniciativas para formalizar el traspaso de competencias ferroviarias han sido bloqueadas, a pesar de que el Parlamento andaluz ha aprobado varias proposiciones en este sentido.
El momento crítico llegó en diciembre de 2023 durante el debate sobre el estado de la comunidad autónoma. Tanto Podemos como Adelante Andalucía presentaron resoluciones para solicitar al Gobierno central que llevara a cabo la transferencia de la red ferroviaria, tal como estipula el Estatuto de autonomía andaluz. Curiosamente, aunque el PP se alineó con esta solicitud, el PSOE mostró ambigüedades, optando por la abstención en lugar de un compromiso firme.
Meses más tarde, el PSOE intentó reactivar la cuestión con una nueva iniciativa para solicitar la convocatoria de la comisión mixta entre el Estado y la Junta de Andalucía. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada debido a la falta de consenso sobre los términos del traspaso. La dinámica política se tornó aún más compleja en octubre de 2024, cuando el PP instó al Gobierno central a iniciar el proceso de traspaso pero bajo ciertas condiciones que incluían la mejora de la infraestructura y un marco financiero estable.
A pesar de los obstáculos, el Gobierno central respondió a estas peticiones, destacando su disposición para iniciar el mismo procedimiento que se implementó en Cataluña. Pero esta apertura viene condicionada: la Junta de Andalucía debe ser quien formalice la solicitud y convoca la comisión bilateral de transferencias. Esta exigencia ha generado una sensación de incertidumbre y frustración en las filas políticas andaluzas, que ven como el tiempo pasa sin que se materialice el potencial de gestión ferroviaria que se pidió hace años.
En este contexto, la falta de avances se traduce en un estancamiento que afecta no solo a la estructura administrativa, sino también al desarrollo social y económico de Andalucía. Las expectativas del soporte para mejorar la red ferroviaria, fundamental para el impulso del turismo, el comercio y la conectividad de los territorios andaluces, se enfrentan a un panorama desolador en el que la gestión quedó en un limbo administrativo.
Por ello, la pregunta latente sigue siendo: ¿logrará Andalucía movilizar las fuerzas políticas necesarias para reclamar y obtener el traspaso de competencias que le permita gestionar su propia red ferroviaria? Solo el tiempo dirá si la comunidad andaluza está dispuesta a superar los obstáculos que se interponen en su camino hacia un verdadero autogobierno.
La situación actual de la gestión ferroviaria en Andalucía refleja una paradoja preocupante en el ejercicio del autogobierno. Mientras comunidades como Cataluña muestran una capacidad notable para avanzar hacia la transferencia de competencias, Andalucía parece atrapada en un laberinto político que ralentiza su desarrollo. La falta de un consenso claro entre las formaciones políticas, donde el PSOE se presenta con ambigüedades y el PP plantea condiciones, revela una notable desconexión entre las expectativas de la ciudadanía y la realidad administrativa. Este juego de intereses, donde prevalece el tacticismo sobre el compromiso sincero, no solo desatiende las necesidades de conectividad y desarrollo que requiere la comunidad, sino que también cuestiona la efectividad del autogobierno andaluz ante su incapacidad para gestionar una infraestructura clave.
La incapacidad para avanzar en el traspaso de competencias ferroviarias no solo es un reflejo de la fragmentación política, sino que también representa un hándicap para el progreso social y económico de Andalucía. En un contexto donde la movilidad y la mejora de la red ferroviaria son indispensables para fomentar el turismo y el comercio, es urgente que los actores políticos andaluces movilicen su voluntad y se centren en el interés colectivo por encima de los intereses partidistas. La solución no puede ser simplemente esperar a que el Gobierno central actúe; es esencial que la Junta de Andalucía tome la iniciativa y trabaje en un proyecto consensuado que arrecie el compromiso respecto al traspaso. Solo así se podrán sentar las bases para una gestión eficiente que catapulte a la comunidad hacia un futuro más próspero.
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