En un movimiento que evidencia la creciente tensión entre el auge del turismo y la necesidad de regular el mercado inmobiliario, la Junta de Andalucía ha anunciado la cancelación de 11.131 inscripciones en el registro de viviendas turísticas hasta septiembre de 2025. Esta drástica medida, defendida por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, como un signo de «medidas reales, operativas y con resultados concretos», se produce en un contexto de debate nacional sobre el impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda para los residentes.
La ofensiva de la Junta no se limita a la mera supresión de registros. La creación del llamado «Grupo Titán», una unidad policial especializada en la inspección y detección de alojamientos turísticos ilegales, marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno andaluz. Este grupo, fruto de un convenio con la Consejería de Presidencia, rastreará tanto los anuncios online como las viviendas físicas, buscando activamente ofertas clandestinas y alojamientos que operan al margen de la ley. La Junta de Andalucía declara una guerra frontal contra el turismo ilegal.
La firmeza de la Junta, sin embargo, no está exenta de críticas. La ministra de Fomento y Ordenación del Territorio, Isabel Rodríguez, ha denunciado la supuesta inacción del gobierno andaluz, señalando que ciudades como Sevilla, Málaga y Marbella figuran entre las que concentran el mayor número de pisos turísticos ilegales en España. Rodríguez contradice las cifras presentadas por la Junta.
Ante estas acusaciones, el consejero Bernal ha defendido la gestión de su departamento, argumentando que el problema no reside en las viviendas turísticas debidamente registradas, sino en la actividad ilegal. Bernal ha recordado que el turismo es una de las «principales industrias de nuestra tierra» y que desde su equipo rechazan «demonizar a los propietarios de vivienda o empresarios». En este sentido, el Gobierno andaluz ha alcanzado acuerdos con las principales plataformas de alquiler vacacional para eliminar de sus portales las ofertas de aquellos alojamientos que no cumplan con la normativa vigente.
La situación actual plantea un desafío crucial para Andalucía: encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico impulsado por el turismo y la sostenibilidad social, que garantice el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos. La respuesta no parece sencilla. Las medidas adoptadas por la Junta, que incluyen la colaboración con los ayuntamientos para adaptar la normativa a las particularidades de cada municipio, apuntan a una descentralización de la gestión turística. La capacidad de los ayuntamientos para decidir «lo que quieren que sea su ciudad» se erige como un pilar fundamental de esta nueva estrategia. El equilibrio entre la gallina de los huevos de oro y la sostenibilidad social está en juego.
La contundencia mostrada por la Junta de Andalucía al cancelar más de 11.000 inscripciones de viviendas turísticas es un síntoma de la enfermedad, no la cura. Si bien la lucha contra la ilegalidad es fundamental para garantizar la competencia leal y la calidad del servicio, centrarse únicamente en la represión administrativa corre el riesgo de desplazar el problema en lugar de resolverlo. Se necesita un análisis más profundo de las causas que motivan la proliferación de alojamientos irregulares, que a menudo se encuentran en la incapacidad de muchos propietarios de cumplir con las exigentes regulaciones o en la falta de alternativas habitacionales asequibles para los residentes. Esta «guerra» contra la ilegalidad podría convertirse en una guerra contra el pequeño propietario, mientras las grandes corporaciones turísticas observan desde la barrera.
La descentralización de la gestión turística, otorgando mayor autonomía a los ayuntamientos, es una medida prometedora pero que exige una coordinación y una visión de conjunto que, por el momento, se antojan insuficientes. ¿Están realmente preparados los consistorios para asumir esta responsabilidad, disponiendo de los recursos y la experiencia necesarios para equilibrar los intereses económicos del turismo con las necesidades sociales de sus ciudadanos? La falta de una política integral de vivienda a nivel autonómico, que aborde la especulación inmobiliaria y facilite el acceso a la vivienda a largo plazo, convierte esta «guerra» en un parche que, a la larga, podría ser contraproducente, generando más incertidumbre y agravando las tensiones entre los diferentes actores implicados.
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