El pasado lunes, 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno de Andalucía dio un importante paso en la formalización de la profesión de detective privado al aprobar el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía. Esta iniciativa responde a una demanda histórica del colectivo de detectives en la región, que hasta ahora había enfrentado restricciones normativas que limitaban su organización profesional en comparación con otras comunidades autónomas.
A través de esta nueva ley, la Junta de Andalucía busca poner fin a la discriminación que venía sufriendo este sector. Hasta la fecha, el marco legal que regulaba los colegios profesionales en la comunidad sólo permitía la creación de estas entidades para profesiones con titulaciones universitarias oficiales. Sin embargo, los detectives privados, quienes deben poseer una habilitación administrativa y una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) emitida por el Ministerio del Interior, quedaban excluidos. Con esta reforma, se abre una vía para que todas las profesiones reguladas, independientemente de su titulación, puedan agremiarse y obtener representación.
En toda España, alrededor de 25% de los aproximadamente 2.000 detectives con licencia son andaluces, lo que refleja la importancia de este sector en la comunidad. Actualmente, Andalucía cuenta con 208 despachos de detectives, situados en un contexto donde seis de sus universidades ofrecen programas formativos reconocidos por el Ministerio del Interior, lo que garantiza la capacitación de los profesionales. La creación del Colegio Profesional no solo facilitará la defensa de sus intereses, sino que también ofrecerá una estructura organizativa que asegurará la calidad de los servicios prestados.
El impacto de esta legislativa podría ser significativo, especialmente al considerar que comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana ya disfrutan de colegios profesionales que ayudan a consolidar la figura del detective privado. Esta situación había provocado que numerosos detectives en Andalucía se vieran obligados a afiliarse a colegios en otras regiones, dejándolos en una indefensión respecto a sus derechos profesionales. Ahora, con la creación de este nuevo colegio, los profesionales andaluces podrán gozar de una representación equitativa y sólida.
La etapa actual del proceso incluye una fase de exposición pública, donde se recibirán propuestas y aportaciones para perfeccionar el texto normativo. Una vez superados este y otros trámites administrativos, el anteproyecto de Ley dará paso a la creación de una entidad de Derecho Público que regulará el ejercicio de la profesión en Andalucía. Es relevante señalar que la colegiación será voluntaria, permitiendo a los detectives decidir si desean formar parte de esta estructura profesional.
En resumen, la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía no solo representa un avance en la organización del sector, sino que también marca una transformación en la forma en que se regulan y protegen los derechos de estos profesionales, beneficiando tanto a los detectives como a los ciudadanos que requieren sus servicios. Este desarrollo es un símbolo del compromiso de la Junta de Andalucía por fomentar una mayor equidad y profesionalización en el ámbito de la investigación privada.
La creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía representa una noticia alentadora que, sin duda, muestra un avance en la defensa de los derechos y la dignidad profesional de un colectivo que ha sido históricamente marginado. La aprobación del anteproyecto de esta ley no solo elimina una discriminación flagrante en comparación con otros sectores profesionales, sino que también proporciona un marco que permitirá una regulación más estricta y orientada hacia la calidad. Es un reconocimiento merecido para quienes, a pesar de las limitaciones normativas, han continuado ofreciendo un servicio esencial a la sociedad andaluza, prueba de la evolución de la administración hacia un enfoque más inclusivo y justo.
No obstante, es importante ser cautos y analizar las consecuencias que esta nueva estructura podría acarrear en la práctica. La colegiación voluntaria permite flexibilidad, pero también plantea interrogantes sobre la posibilidad de que algunos profesionales opten por no afiliarse, lo que podría fragmentar aún más el sector. Para que esta iniciativa realmente impulse el crecimiento y el reconocimiento de la profesión, será fundamental establecer un protocolo claro que asegure que todos los detectives, independientemente de su decisión de colegiarse, puedan acceder a recursos, formación continua y un marco de protección de sus derechos. Solo así podremos hablar de un verdadero avance hacia una profesionalización efectiva y equitativa en este campo.
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