La reciente medida anunciada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, referente a la gratuidad de las guarderías para todos los niños de dos años, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social de la comunidad. Este decreto, presentado como una iniciativa histórica por la consejera Carmen Castillo en el Parlamento, establece además un compromiso de implementar la gratuidad para los niños entre cero y un año en un plazo que se extiende hasta 2030. Sin embargo, la oposición ha criticado con vehemencia lo que consideran una promesa dilatada en el tiempo.
La consejera Castillo ha reiterado que este año será vital para evaluar la efectividad de las nuevas políticas educativas. Pese a los datos que sugieren que Andalucía cuenta con una de las mayores tasas de escolarización de niños de dos años en España—un 58% de los pequeños están matriculados—las familias han tenido hasta ahora que afrontar costos significativos para acceder a estos servicios educativos. La Junta, que promueve un modelo educativo mixto con 2.200 guarderías públicas y concertadas, pretende extender la educación gratuita desde los dos hasta los 16 años, un reto que plantea preguntas sobre la viabilidad y efectividad de dicha intención.
Las críticas de los partidos de la oposición no se han hecho esperar. El diputado de Vox, Antonio Sevilla, ha calificado el decreto como un «fake», señalando que la promesa inicial del presidente Juan Manuel Moreno se remonta a hace más de diez años y que, de seguir así, en el futuro “también se podría estar hablando de una expectativa similar”. Por su parte, Alejandra Durán de Por Andalucía, también ha lamentado la “prolongación en el tiempo” de una medida que consideran urgente y necesaria.
La situación se complica aún más al considerar que, a pesar de la financiación recibida del Gobierno de España para incrementar las plazas públicas de educación infantil—más de 12.000 gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea—la Junta devolvió 112 millones de euros, citando incompatibilidades con su modelo educativo. La consejera Castillo defendió esta decisión, alegando que estaba en juego la defensa de puestos de trabajo, en su mayoría ocupados por mujeres, en un sector que históricamente ha sido feminizado.
Con este panorama, el futuro de la educación infantil en Andalucía queda envuelto en la incertidumbre. Mientras la Junta se agarra a su modelo público-privado, voces críticas advierten sobre un desvío de fondos públicos hacia el sector privado, preocupándose especialmente por la falta de recursos en zonas rurales, donde la oferta educativa es escasa. La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha manifestado la necesidad imperiosa de aumentar las guarderías públicas, demandando atención a la disparidad entre las áreas urbanas y rurales.
La propuesta de gratuidad, aunque celebrada por muchos como un avance en la educación infantil, se ve empañada por los cuestionamientos de su viabilidad y el tiempo que tardará en implementarse plenamente. La consejera ha prometido un plan para extender la gratuidad de forma gradual, pero las dudas persisten en la mente de las familias andaluzas. ¿Se convertirá esta en otra promesa no cumplida, o dará finalmente el paso hacia una educación infantil verdaderamente accesible para todos? La sociedad andaluza observa con atención el desarrollo de esta situación, mientras el debate político se intensifica en torno a un tema que afecta a un futuro crucial: el de sus niños.
La reciente propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía de implementar la gratuidad de las guarderías para todos los niños de dos años –con un compromiso a largo plazo que promete ampliar este beneficio hasta los niños de un año en 2030– se presenta como una medida aplaudida por muchos, pero que no está exenta de controversias y dudas. En primer lugar, resulta alarmante que se plantee la gratuidad como un concepto dilatado en el tiempo, ante la necesidad urgente de que las familias de Andalucía accedan a una educación infantil de calidad y sin carga económica. A pesar de contar con una de las tasas de escolarización más altas, la oposición y parte de la ciudadanía cuestionan la viabilidad de estos planes de la Junta, señalando la incoherencia entre la promesa y la realidad actual, donde muchos aún se ven forzados a afrontar gastos considerables debido a un modelo que deja de lado la realidad social y económica de muchas familias andaluzas.
Además, es preocupante observar cómo la Junta, en lugar de aprovechar los fondos europeos para mejorar la educación infantil a través de la expansión de guarderías públicas, haya decidido devolver una cantidad notable de recursos que podrían haber servido para fortalecer un sistema educativo que históricamente ha desatendido a las zonas rurales y a aquellos que más lo necesitan. La defensa de un modelo educativo mixto, lejos de ser la panacea que se nos quiere vender, parece más bien un entramado que podría desviar recursos públicos hacia el sector privado, haciendo aún más evidente la desigualdad en el acceso educativo. Por tanto, es esencial que el Gobierno andaluz tome en serio las preocupaciones de la oposición y de las familias, rectificando su enfoque para garantizar que la gratuidad de las guarderías se traduzca no solo en un lema político, sino en un derecho fundamental que logre una educación infantil verdaderamente accesible e inclusiva para todos los niños y niñas de Andalucía.
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