La situación financiera de la Universidad de Málaga (UMA), que ha arrastrado una deuda significativa durante años, ha generado preocupación tanto dentro como fuera de la institución. La llegada de un nuevo equipo rector en 2023 marcó el inicio de un exhaustivo análisis de las cuentas que reveló una deuda de 27 millones de euros y 17 millones en gastos impagados de ejercicios anteriores. Esta profunda situación obligó a la universidad a implementar medidas de austeridad que afectaron diversas áreas, desde la prohibición de visitas de profesores invitados hasta la detención de la reposición de personal docente.
En un esfuerzo por restaurar la normalidad y garantizar el futuro de una de las universidades más importantes de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó recientemente un préstamo excepcional de 48,5 millones de euros. Este capital se destinará exclusivamente a inversiones en infraestructuras universitarias, buscando así no solo sanar las cuentas, sino también establecer un precedente claro: las finanzas de la universidad deben ser monitoreadas con rigor para evitar que situaciones similares se repitan.
En una clara respuesta a la crisis, la Junta de Andalucía pretende incorporar la figura de un interventor externo en las universidades públicas, un nuevo modelo de supervisión que busca asegurar la transparencia y el control del gasto. Hasta la fecha, las universidades han gestionado sus cuentas a través de auditorías internas, pero el gobierno andaluz reconoce que estos mecanismos deben fortalecerse para prevenir desvíos futuros. Un ejemplo se encuentra en la Universidad de Almería, que ya ha empezado a implementar esta figura externa con un interventor municipal, lo que podría servir de modelo para las demás universidades en la región.
El anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) contempla la opción de incorporar un interventor como parte del personal técnico, pero no lo establece como un requisito obligatorio. Esta ambigüedad ha generado debate en el sector universitario; varios rectores argumentan que las auditorías internas ya son suficientes para garantizar la integridad financiera. Sin embargo, la administración persiste en que la introducción de este nuevo modelo podría proporcionar una capa adicional de seguridad, clave para conservar la confianza pública en el sistema educativo.
A pesar de los esfuerzos dirigidos a reestructurar y estabilizar la UMA, el camino hacia la recuperación completa no será sencillo. La tarea de equilibrar las necesidades de inversión en infraestructura mientras se gestionan las cuentas de manera responsable requerirá no solo de un control administrativo efectivo, sino también de una estrategia de financiación a largo plazo que incluya a la comunidad educativa en su conjunto. La situación de la UMA pone sobre la mesa la necesidad de una colaboración estrecha entre el gobierno regional y las universidades, a fin de forjar un sistema educativo sostenible y eficaz que pueda resistir futuras crisis.
Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollarán estas reformas y si las medidas de control propuestas lograrán establecido un marco más sólido y transparente para la gestión financiera en las universidades andaluzas. Tanto estudiantes como profesores y administradores estarán atentos a los movimientos del gobierno, conscientes de que el futuro de la educación superior en Andalucía depende de la correcta y eficaz implementación de estas nuevas políticas.
La inestabilidad financiera de la Universidad de Málaga es un claro síntoma de un problema más profundo que afecta a muchas universidades públicas en España: la falta de una planificación económica sostenible. El déficit de 27 millones de euros y los 17 millones en gastos impagados no son simplemente cifras preocupantes; son un reflejo del desinterés por parte de las administraciones en garantizar un sistema universitario bien financiado. La llegada de un nuevo equipo rector que inicia un «exhaustivo análisis de cuentas» parece más una reacción tardía que una proactividad necesaria en el sector educativo. Mientras se celebran esfuerzos como el préstamo excepcional autorizado por la Junta de Andalucía, es fundamental cuestionar: ¿debería ser la educación superior dependiente de medidas extraordinarias o se requiere un cambio estructural en la financiación de la universidad pública?
Por otra parte, la introducción de un interventor externo puede parecer un paso positivo hacia la transparencia, pero su implementación debe ser cuidadosamente considerada. Si bien el control externo puede aportar mayor rigor en la gestión financiera, su efectividad dependerá de cómo se integre en la cultura universitaria, que ha estado habituada a la autonomía en la gestión. La ambigüedad en la Ley de Universidades para Andalucía sobre esta figura podría resultar contraproducente si se percibe como una imposición más que como una palanca para la mejora de la institución. La clave estará en forjar un vínculo sólido, basado en la confianza y el respeto mutuo entre las universidades y el gobierno regional, para crear un entorno donde el control no sea visto como un ataque a la autonomía, sino como un aliado en la búsqueda de un sistema educativo más robusto y resistente a crisis futuras.
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